En una
resolución publicada por sorpresa en el Boletín Oficial del Estado
este fin de semana y que no fue anticipada el viernes tras el Consejo de
Ministros, el Gobierno elevó en un 18% la parte fija del recibo
regulado de la luz, reduciendo en un 7% el peso del término
variable. La decisión, según sostienen algunos analistas consultados,
desincentiva el ahorro de energía al subir los términos fijos de la factura y
penaliza a aquellos propietarios con una potencia contratada elevada, a cambio
de obtener una mayor predictibilidad de los ingresos para el sector.
El decreto introduce
medidas que neutralizan cualquier esfuerzo del consumidor por reducir el gasto
en luz
"Han
vuelto a tirar de incrementar término de potencia y reducir el término de
consumo para asegurarse unos ingresos fijos. Eso desincentiva el ahorro de
electricidad y presiona al consumidor, sobre todo a las segundas viviendas,
aunque a la primera vivienda también la penaliza, puesto que hay muchos
consumidores que aun tienen una potencia contratada elevada", ha comentado
a Reuters un analista que pidió el anonimato.
El recibo de la luz se compone de dos variables,
el término de potencia, que supone alrededor del 54% del recibo y que remunera
la potencia contratada, es decir, el consumo máximo puntual que puede tener un
hogar sin que salten los plomos; y el término de energía, que se fija mediante
subasta en un procedimiento que está en revisión.
En un momento
en el que un menor consumo de electricidad es uno de los retos en
Europa y en el que las políticas energéticas de los países del
entorno buscan incentivar el ahorro de electricidad, el decreto del Gobierno
introduce medidas a contracorriente que neutralizan cualquier esfuerzo del
consumidor por reducir el gasto en luz ya que la mayor parte de lo que paga es
una cuantía fija que no varía independientemente de lo que gaste.
A cambio,
después de los continuos desfases a la hora de predecir los costes e ingresos
regulados del sistema que han provocado un déficit de tarifa de 30.000 millones de euros,
el Gobierno logra una mayor predictibilidad de ingresos al depender menos del
consumo de los hogares.
En una nota de
prensa en la que valora los cambios introducidos por el Gobierno en la antigua
tarifa de último recurso y ahora llamada "precios voluntarios para el
pequeño consumidor", la asociación FACUA-Consumidores en Acción señala que la factura
eléctrica para un usuario medio se ha encarecido un 35% en los
últimos cinco años y un 75,4% en la última década.
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